Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas celebraron la excarcelación de los cinco integrantes de la ONG zuliana Azul Positivo, pero instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas.
En un comunicado, los expertos afirmaron que las detenciones de trabajadores humanitarios y de ONG, así como las acusaciones penales posteriores «forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la ‘Ley contra el Odio’ de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros».
Los cinco integrantes de Azul Positivo, que fueron detenidos en el estado Zulia el 12 de enero, fueron excarcelados el pasado 10 de febrero bajo medidas cautelares. Aún se mantienen los presuntos cargos de terrorismo, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales.
Los relatores especiales de la ONU sobre sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas instaron a las autoridades a que se retiren todos los cargos contra los integrantes de Azul Positivo.
Además, señalaron que la administración de Nicolás Maduro ha adoptado en los últimos meses «nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria».
Por ello, instaron a que se revise esta nueva normativa y a priorizar la atención a dicha crisis con un enfoque basado en los derechos humanos. «Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos».
Los expertos de la ONU ya se han puesto en contacto con las autoridades venezolanas para tratar estos temas.
