Los Obispos de Portugal saludaron la decisión del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, de vetar la ley de despenalización de la eutanasia que había sido aprobada el pasado 29 de enero por la Asamblea Nacional y que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional.
La Presidencia de la República de Portugal publicó un comunicado el 15 de marzo, donde informó que el presidente Rebelo de Sousa se había pronunciado en contra de la ley aprobada por los parlamentarios, y luego de consultar al Tribunal Constitucional, “devolvió a la Asamblea de la República, sin promulgación, en los términos del párrafo 1 del artículo 279 de la Constitución, el Decreto de la Asamblea de la República que regula las condiciones especiales en que la anticipación a la muerte médicamente asistida no es punible y modifica el Código Penal”.
Tras esto, el episcopado portugués acogió con satisfacción el veto presidencial, y recalcó que “cualquier legalización de la eutanasia y el suicidio asistido es contraria a la afirmación de la dignidad de la persona humana y a la Constitución de la República Portuguesa”.
El 18 de febrero, el mandatario nacional solicitó al Tribunal Constitucional una inspección preventiva a esta ley, que fue dictaminada como inconstitucional por 7 de los 12 jueces presentes, destacando que el texto recurría a “conceptos excesivamente indeterminados, en la definición de los requisitos de autorización para la despenalización de la muerte asistida”, y señalaron que “las condiciones en las que es admisible la anticipación de la muerte asistida deben ser claras, precisas, previsibles y controlables”.
La Conferencia Episcopal Portuguesa reafirmó la posición de la Iglesia Católica en el proceso relacionado a la eutanasia y el suicidio asistido, “defendiendo siempre que la vida humana es inviolable”.
