La frontera no es simplemente una línea que divide el territorio de dos países, es un espacio geográfico a través del cual diversos grupos humanos interactúan diariamente. Lo hacen a través del comercio, la migración, el turismo y otras actividades de asociación. Estas interacciones modifican a las sociedades, su distribución territorial y su propia identidad a través del tiempo. Por esta razón, una política fronteriza debe ser amplia, en el sentido de que beneficie a la mayoría de la población y defienda sus intereses.
Este es un punto a tener en cuenta para el nuevo gobierno regional, el cual debe intentar alinear los intereses regionales y defenderlos frente a las decisiones tomadas por el gobierno central. Además, es preciso modificar las relaciones con las autoridades colombianas para lograr cambios significativos que beneficien de la misma forma al Departamento del Norte de Santander y las ciudades fronterizas ¿y por qué no el reinicio de políticas mixtas y planes binacionales que quedaron olvidados desde hace más de 20 años?
Para lograr esto, se debe tener en cuenta los errores que se han cometido en el pasado. A través del estudio de las interacciones fronterizas es posible determinar la situación socioeconómica y del mercado de trabajo actual. Para contextualizar a continuación se comenta uno de los retos más difíciles a los cuales debería enfrentarse el nuevo gobierno regional.
Es sabido que desde el año 1983 Venezuela ha vivido un proceso de devaluación de la moneda, situación que trastocó profundamente la dinámica fronteriza, y dio paso a un fenómeno comúnmente denominado “contrabando de extracción” el cual tiene que ver con la salida de productos de prohibida exportación. Este fenómeno, que en la última década alcanzó su etapa cúspide, ha reordenado la distribución poblacional del Táchira, obligándola a reunirse en los centros urbanos antes que, en las zonas rurales, lo que ha empujado a una gran cantidad de trabajadores a la informalidad.
Actualmente, el comercio formal vía terrestre entre Venezuela y Colombia es casi nulo. Por otro lado, miles de personas se dedican a transportar mercancías de todo tipo a través de los cruces ilegales, coloquialmente llamados “trochas”. Atender la necesidad de regularización debería ser una prioridad para el gobierno nacional y regional venezolano, debido a que la informalidad causa inseguridad laboral y trae consigo una serie de situaciones indeseadas que evitan que comience el desarrollo material y social.
También se debe comentar que para el Estado nacional es una cuestión de supervivencia económica, cientos de productos entran y salen del país sin presencia de supervisión aduanera, tributaria y peor aún, sin los debidos controles sanitarios tan necesarios en la situación mundial contemporánea.
Ahora bien, si hay un cambio en la dinámica de poder en Táchira ¿se tomará en cuenta la necesidad de diálogo y relaciones con el vecino país? ¿o se seguirá abriendo y cerrando el paso fronterizo por de acuerdo con los estados de ánimo de los gobernantes?
