Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y defensores del Capitán de Corbeta Carlos Macsotay, indicaron en el marco de los conversatorios titulados “conversando sobre ddhh” que la sala constitucional negó la solicitud de amparo a favor del militar, violando nuevamente tratados internacionales que tiene rango constitucional.
El próximo 17 mayo cumplen 5 años privados de libertad y sin sentencia, varios uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuales fueron objeto de desaparición forzada y señalados de formar parte de la llamada “Operación Armagedón”, supuesta acción militar que pretendía desestabilizar los poderes públicos.
Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición y abogada del militar repudió la decisión, pues señaló que los presos políticos venezolanos viven una pesadilla legal, psicológica y familiar.
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“Carlos Macsotay fue detenido hace 5 años junto a otros militares sin orden de un tribunal, llevados a un juicio sin pruebas y además han sido víctimas de tortura, desaparición forzada y aunque la defensa en juicio ha sido impecable, hasta el momento no se ha obtenido justicia”, apuntó Acosta.
Subrayó la defensora de derechos humanos que estas personas han vivido un calvario y que las solicitudes tanto de la defensa como de los propios imputados no han sido escuchadas por el sistema de justicia venezolano.
“No hay un fiscal que actúe de forma independiente, no hay un tribunal que haga su trabajo y hemos llegado a solicitar este amparo sobre la libertad y la seguridad personal del Capitán de Corbeta sin que haya justicia”, recalcó.
Recordó que en este caso, que involucra a un grupo de militares en la supuesta “Operación Armagedón” tanto el grupo de trabajo de la ONU y como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su visita a Venezuela señalaron que se trata de una detención arbitraria.
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“Esta opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ratifica que las detenciones deben tener un límite y estas personas ya tienen 5 años sin debido proceso ni acceso a la justicia, además se ha demostrado que no hay elementos para enjuiciarlo, que les sus violan derechos humanos y la posibilidad de un juicio justo e imparcial”, acotó
Ana Leonor Acosta señaló que los privados tienen secuelas de las torturas que sufrieron cuando estuvieron desaparecidos, necesitan atención médica y oportuna y esto también se les ha negado.
Por su parte, el abogado Kelvi Zambrano señaló que la solicitud de amparo hecha por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia se hizo al margen del proceso judicial que siguen los tribunales penales militares.
“En esta acción de amparo estamos solicitando a la sala constitucional que se pronuncie en relación al caso, ya que el Capitán de Corbeta es víctima de una detención arbitraria y esto lo hemos fundado en base a dos criterios”, informó el especialista en derecho penal.
Zambrano reiteró que el grupo de trabajo consideró que el Capitán Macsotay había sido privado de libertad de manera arbitraria y que el tribunal ante el cual estaba siendo juzgado no gozaba de autonomía e independencia.
“La Corte Interamericana y otros organismos ya se han pronunciado sobre la provisoriedad, los jueces no gozan de autonomía e independencia y no emiten decisiones que impliquen que esa persona pueda gozar de un debido proceso y además el ejecutivo nacional interfiere en las decisiones”, expresó.
Señaló que la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia argumentó la solicitud de amparo, con base a la opinión del grupo de trabajo y la ausencia de autonomía e independencia en el sistema de justicia de nuestro país.
“Estamos ejerciendo el amparo en contra del presidente del circuito, ya que hemos argumentado que los jueces militares deben consultar sus decisiones porque no gozan de autonomía y son sus superiores los que les dicen lo que deben hacer”, apuntó Zambrano.
Los abogados de esta ONG, alertaron que la situación de los presos militares civiles y militares cada vez es más delicada, señalaron que su salud está en franco deterioro, son torturados y el estado hace caso omiso a las opiniones de los órganos internacionales y principios internacionales sobre los derechos humanos.
El amparo fue presentado en marzo del año pasado a favor de Macsota y y de los teniente Antonio Escola y Gustavo Carrero, hasta el momento solo se han pronunciado sobre el caso del Capitán de Corbeta.
