Nuevo ataque del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la Iglesia Católica. El Ejecutivo ordenó el cierre de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta. La entidad lleva 40 años en el país centroamericano ofreciendo un servicio ininterrumpido a los más pobres, un trabajo que se ve frustrado por la medida del Gobierno.
Este fin de semana, el legislador sandinista Filiberto Rodríguez publicó una iniciativa de decreto que obligará a 101 asociaciones sin ánimo de lucro -entre ellas, las Misioneras de la Caridad- a cerrar sus puertas, con carácter “urgente”, según informaron las agencias de noticias. Se espera que la decisión se discuta este martes 28 de junio en el pleno de la Asamblea Nacional, donde el partido de Ortega -el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- y sus aliados cuentan con mayoría.
El Ministerio de Gobernación justificó el cierre señalando que las Misioneras de la Caridad “han incumplido sus obligaciones” y cita hasta tres leyes. Entre ellas están la norma que regula estas entidades o la llamada ‘ley 977’; esto es, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En concreto, el informe señala que las hermanas de la Madre Teresa no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas ni asilo de ancianos, y que tampoco tienen permiso del Ministerio de Educación para tareas de refuerzo de aprendizaje.
El Gobierno insiste en el texto en que las hermanas no reportaron activos fijos ni informaron de las actividades realizadas en la ciudad de Granada, y que sus ingresos por donaciones no coinciden con los informes presentados. Además, su Junta Directiva está integrada en exclusiva por personas extranjeras, y la nueva ley -en vigor desde hace dos meses- establece que solo pueden ser de fuera de Nicaragua el 25 % de integrantes.
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40 años de servicio
La Asociación Misioneras de la Caridad fue creada en Nicaragua el 16 de agosto de 1988, bajo el primer régimen de Ortega (1979-1990), tras una visita al país de la Madre Teresa de Calcuta. En el país, las religiosas administran el Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada: allí acogen a adolescentes abandonados o abusados y les ayudan a reinsertarse en la vida.
También tienen un asilo de ancianos en la capital, Managua; un proyecto de refuerzo escolar a estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos. El Estado no planteó ninguna alternativa para suplir la labor de las Misioneras, dejando en situación de riesgo a todas las personas vulnerables que se beneficiaban de la entrega caritativa de las hermanas.
La Iglesia, perseguida
El cierre de las obras de las Misioneras de la Caridad es una nueva muestra “de la intensa cacería que emprendió el régimen en contra de la Iglesia católica por considerarla opositora y golpista”, destaca el portal Aleteia.
Hace dos semanas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Batelet, confirmó la percepción: “Desde mayo, la policía reanudó el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente”, aseguró durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos.
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El último Informe de Libertad Religiosa en el Mundo publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, de hecho, señala a Nicaragua como uno de los países con violaciones importantes de la libertad religiosa. Tras analizar los datos, el informe declara que en los últimos años “las instituciones religiosas y los fieles sufrieron cada vez más agresiones, siendo el objeto de delitos de odio y actos de intimidación contra quienes expresan su fe o la practican ayudando a las víctimas de la violencia”.
El 16 de junio, la Secretaría Episcopal de Centroamérica emitió un comunicado en el que los obispos de la zona expresaban su “dolor” ante el “clamor del pueblo nicaragüense”, e instaban al Gobierno de Ortega a buscar “vías de diálogo”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y económica desde abril de 2018, cuando el Gobierno aplastó una pequeña manifestación contra las reformas del sistema de pensiones. Desde entonces, cientos de personas fueron asesinadas, y miles resultaron heridas o huyeron del país.
