«Tengo varias noches sin poder dormir», y «temo por mi vida y la de mi hijo», son las palabras de la joven Jahylene Dayana Barrera Vezga, de 27 años, ante la persecución que está siendo sometida por grupos armados a su vivienda en el sector de La Montañita de Rubio, municipio Junín.
La madre de un niño de tan solo 10 años, relató cómo su participación activa en el partido político Voluntad Popular le trajo como consecuencia el asedio por parte de sujetos encapuchados no identificados que siguen sus pasos hacia donde quiera que vaya.
De acuerdo a informes de FundaRedes, el municipio Junín es una de las localidades del estado Táchira, donde hay presencia de grupos irregulares que buscan amedrentar a la población.
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Esta tachirense manifiesta su temor a ser detenida o desaparecida por los colectivos, resaltando que es madre de un menor de edad, quien necesita su atención.
Durante el año 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 7.032 protestas, lo equivalente a 20 diarias en todo el territorio nacional. Esta cifra representa un aumento de 7% en comparación con el año 2021 cuando se documentaron 6.560 hechos similares.
«Nosotros no podemos seguir viviendo en la miseria y hambre, necesitamos un cambio, pero todo aquel que alce la voz es detenido o desaparecido», expresó.
Fue enfática al señalar que la llegada de la pandemia del COVID-19 aceleró la crisis, donde miles de personas fallecieron sin poder recibir atención médica ante la falta de insumos, cuyas cifras no fueron reflejadas en los reportes oficiales del Estado.
Esto provocó decenas de protestas, en la que, de acuerdo al mencionado observatorio, sólo en el estado Táchira en el año 2022, se registraron al menos 262, de las cuales Barrera participó y tuvo que huir por el asedio a las manifestaciones.
«Estamos cansados, necesitamos un cambio, pero a pesar que exigimos en las calles nuestros derechos, nos persiguen, nos detienen, nos desaparecen por clamar nuestro grito de libertad», apuntó.
Acotó que el 24 de enero, personas no identificadas llegaron a su vivienda para intentar arrestarla, sin embargo, para el momento del hecho no se encontraba en el lugar.
Su hijo presentaba síntomas de indigestión, procuró acudir a un centro de salud para su atención cuando su familia le advirtió que no regresara a la casa pues la estaban esperando.
«Esa noche dormí en el Hospital Padre Justo de Rubio, pues temía que sí salía de allí me iban a llevar detenida junto a mi hijo», indicó.
Barrera agradeció a una enfermera que le permitió estar en el nosocomio para luego en la mañana poder huir a casa de una familiar, donde estuvo varios días sin salir y de esta manera brindarle atención a su primogénito.
«He tenido días difíciles, ya no sé dónde acudir, ellos me persiguen por protestar, por alzar mi voz y tengo miedo que me desaparezcan si llego a ser arrestada», acotó.
El año 2022 cerró con la cifra total de 274 presos políticos. De estos, 13 son mujeres y 151 son funcionarios militares, de acuerdo al último informe del Foro Penal Venezolano.
La ONG verificó que 87 personas, de las 274 catalogadas como presos políticos, han sido mantenidas privadas de libertad por más de 3 años bajo la figura de “detención preventiva”, sin condena.
El documento reza que, desde enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2022, un total de 15.777 personas han sido encarceladas por motivos políticos en Venezuela. Específicamente en 2022, fueron 26 los “detenidos políticos”, de éstos, la mayor cantidad de personas detenidas fue reportada en los meses de junio y julio.
En medio del dolor y el cansancio, Barrera pide un cese al hostigamiento y el asedio del cual hoy es víctima, razón por la cual hace un llamado a los entes internacionales a brindar ayuda al país para que cese la violencia y persecución a quienes piensan distinto, especialmente por grupos armados.
