Ante la Fiscalía del estado Bolívar FundaRedes denunció la actuación de grupos armados irregulares por el control del Arco Minero, situación que ha dejado a la población indígena en un estado de sometimiento y vulneración de sus derechos, llegando incluso a generar muertes violentas por parte de quienes se disputan la explotación del territorio, mientras que las instituciones venezolanas no actúan para detener estos hechos, ni para investigar y hacer justicia.
En tal sentido, Tibisay Tirado, coordinadora de FundaRedes en el estado Bolívar, consignó una denuncia ante la Fiscalía Superior de dicha entidad, donde se explica cómo los grupos conocidos como “sindicatos” y que operan dentro del Arco Minero, conforman una estructura de poder que impone una cultura de violencia, cuyas víctimas principales son las comunidades y pueblos indígenas de las zonas en las que cada uno de ellos ejerce su área de influencia.
Narra la incidencia hecha por FundaRedes que, según lo denunciado por miembros de la comunidad indígena Yekuana, los ciudadanos Cristian Flores y Franklin Sarmiento, en el mes de mayo del presente año fallecieron tras recibir varios impactos de bala; ellos formaban parte de la Guardia Indígena del Alto Caura y fueron emboscados por un grupo armado irregular que arremetió contra todos los presentes en la zona minera ilegal la Bullita ubicada en el sector Salto la Puerta, en la boca del Yuruaní con el Caura entre los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar.
Estos dos casos no son los únicos, y así se ha constatado ya que FundaRedes adelanta una documentación sobre la vulneración de los derechos humanos en estados fronterizos, y específicamente en Bolívar, donde la violencia además se comete en medio del silencio, por el temor que tienen los ciudadanos de denunciar pues temen por sus vidas.
Desde FundaRedes y su Observatorio de derechos humanos se solicitó a la Fiscalía, como es su deber, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.
Así mismo se exigió al Fiscal Superior del Ministerio Público en Bolívar, se ordene el inicio de la investigación penal correspondiente a los efectos de determinar si efectivamente los hechos descritos se corresponden con la existencia de situaciones en las cuales grupos armados irregulares hayan tenido participación efectiva que constituya vulneración de derechos para las personas que participan en las actividades de explotación minera en la circunscripción del estado Bolívar y que frente a estos hechos se les garantice a estas poblaciones de alto riesgo el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Prensa FundaRedes)
